La ineptitud del sistema forense en Puebla: cuando la burocracia prolonga el dolor de las familias
Fernando Sandoval
La muerte de un ser querido representa uno de los momentos más difíciles para cualquier familia. Sin embargo, cuando al dolor de una pérdida se suma la lentitud institucional, la indiferencia y la falta de sensibilidad de las autoridades, el sufrimiento se convierte en una doble tragedia.
El caso de Gerardo Tomé Cuautli, trabajador de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, evidencia una problemática que desde hace años padecen cientos de familias poblanas: las deficiencias del sistema forense del Estado de Puebla.
Gerardo perdió la vida tras ser atropellado el pasado 22 de julio mientras realizaba labores sobre la calle Tepatlaxco, en el barrio de La Purísima, en San Francisco Acatepec, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. De acuerdo con testimonios de sus familiares y personas cercanas, el accidente ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas. Sin embargo, su cuerpo permaneció durante varias horas sobre la vía pública, cubierto únicamente con una sábana y expuesto a las altas temperaturas, hasta que finalmente fue levantado cerca de las 21:00 horas.
La tragedia no terminó ahí.
Después del levantamiento del cuerpo comenzó un nuevo calvario para sus familiares. Más de 48 horas después del accidente, continuaban esperando la entrega del cuerpo para poder despedirse de su ser querido y darle sepultura conforme a sus creencias y tradiciones.
Resulta inadmisible que en pleno siglo XXI una familia tenga que esperar días para recuperar el cuerpo de un familiar fallecido cuando las circunstancias del hecho son plenamente conocidas.
Cada hora de retraso representa angustia, incertidumbre y un profundo desgaste emocional.
Más allá de las investigaciones ministeriales necesarias, el Estado tiene la obligación constitucional y moral de actuar con eficiencia, respeto y humanidad hacia las víctimas y sus familias.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la crisis que enfrenta el Servicio Médico Forense en Puebla. La falta de personal especializado, la saturación de trabajo, los procesos administrativos excesivamente lentos y la escasa inversión en infraestructura han provocado que la procuración de justicia también termine revictimizando a quienes ya enfrentan una pérdida irreparable.
Mientras tanto, el discurso oficial parece caminar por una ruta distinta.
El Gobierno del Estado ha concentrado buena parte de su agenda pública en proyectos de infraestructura como el Cablebús, obras de movilidad y anuncios de desarrollo urbano. Si bien estos proyectos pueden formar parte de una estrategia gubernamental, resulta inevitable preguntarse si hoy representan la prioridad más urgente para Puebla.
Miles de poblanos enfrentan diariamente problemas mucho más inmediatos: hospitales saturados, servicios periciales insuficientes, inseguridad, ministerios públicos rebasados y sistemas forenses que no responden con la rapidez que exige la dignidad humana.
No puede hablarse de modernidad cuando el Estado es incapaz de entregar oportunamente el cuerpo de una persona fallecida a sus familiares.
La verdadera transformación comienza garantizando instituciones eficientes y sensibles, no únicamente construyendo obras visibles.
El caso de Gerardo Tomé Cuautli también abre otra interrogante que merece ser investigada: las condiciones laborales bajo las cuales desempeñaba sus funciones.
De acuerdo con sus familiares, el trabajador realizaba labores sobre una vialidad sin contar con las medidas suficientes para proteger su integridad. Si ello se confirma mediante las investigaciones correspondientes, no sólo existiría una tragedia derivada del accidente, sino también posibles omisiones en materia de seguridad laboral que deberán ser esclarecidas.
La prevención de riesgos no puede convertirse en un simple protocolo administrativo. Proteger la vida de los trabajadores debe ser una obligación permanente de cualquier autoridad.
Responsabilidades que no pueden seguir ignorándose
Más allá de las deficiencias del sistema forense estatal, la muerte de Gerardo Tomé Cuautli obliga también a revisar las condiciones laborales en las que desempeñan sus funciones los trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Andrés Cholula.
Si, como señalan familiares y testigos, el trabajador realizaba labores sobre una vialidad sin contar con las medidas suficientes para proteger su integridad, corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron omisiones en el cumplimiento de los protocolos de seguridad, supervisión y prevención de riesgos laborales.
Desde una perspectiva de responsabilidad pública, resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que operan las cuadrillas de Servicios Públicos Municipales y sobre las decisiones administrativas que pudieron influir en este lamentable hecho.
Asimismo, es pertinente que el Ayuntamiento evalúe la permanencia en el cargo del actual titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales mientras se desarrollan las investigaciones, a fin de garantizar transparencia, objetividad y confianza en el proceso. Del mismo modo, debe analizarse el desempeño de quienes encabezaron anteriormente dicha dependencia para determinar si existieron deficiencias estructurales, omisiones administrativas o falta de políticas efectivas de prevención que hayan comprometido la seguridad del personal.
No se trata de buscar culpables anticipadamente, sino de establecer responsabilidades institucionales cuando las investigaciones así lo acrediten. La función pública exige rendición de cuentas, especialmente cuando está en juego la vida de los trabajadores.
Durante años, las administraciones municipales han debido comprender que el mayor patrimonio de cualquier gobierno no son sus edificios, sus vehículos o su maquinaria: es su capital humano. Quienes diariamente realizan labores de jardinería, limpieza, mantenimiento urbano, poda, alumbrado público y atención de espacios públicos enfrentan riesgos permanentes que requieren capacitación constante, equipo especializado y protocolos estrictos de seguridad.
Resulta indispensable fortalecer los programas de formación del personal operativo en materias como seguridad ocupacional, control del tránsito durante trabajos en avenidas y calles, manejo de maquinaria, señalización preventiva, uso correcto del equipo de protección personal y actuación en zonas de alta peligrosidad. Estas capacitaciones no deben entenderse como un trámite administrativo, sino como una herramienta para preservar vidas.
La prevención salva vidas. Cuando la capacitación es insuficiente, el equipo de protección es deficiente o la supervisión falla, las consecuencias pueden ser irreparables.
La muerte de Gerardo Tomé Cuautli debe convertirse en un punto de inflexión para revisar y fortalecer las políticas de seguridad laboral dentro del Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Ningún trabajador que sale a cumplir con su deber debería hacerlo sin la certeza de que la institución ha puesto a su alcance todas las medidas necesarias para proteger su vida.
La mejor forma de honrar su memoria no es únicamente esclarecer lo ocurrido, sino impulsar cambios que eviten que otra familia tenga que enfrentar una tragedia similar.
El papel del sindicato también debe ser revisado
La revisión de este lamentable caso no debe limitarse únicamente a las autoridades municipales o a las instancias estatales. También resulta pertinente analizar el desempeño de la organización sindical que representa a los trabajadores, pues su función no se reduce a la defensa de derechos laborales, sino que también comprende la promoción de condiciones de trabajo seguras y dignas.
En ese sentido, corresponde determinar si el sindicato contaba con mecanismos efectivos para supervisar las condiciones en las que laboraba el personal operativo y si existía una comisión o instancia especializada encargada de velar por la seguridad e higiene de quienes realizan actividades de alto riesgo.
Los trabajadores de Servicios Públicos Municipales desempeñan diariamente labores que implican riesgos importantes: mantenimiento de áreas verdes, jardinería, poda de árboles, limpieza de vialidades, retiro de residuos, mantenimiento urbano y trabajos sobre avenidas y calles con flujo constante de vehículos. Estas actividades exigen protocolos estrictos de prevención, equipo de protección personal, señalización adecuada, supervisión permanente y capacitación continua.
Si la organización sindical carecía de una comisión especializada en seguridad e higiene o si los mecanismos de prevención resultaban insuficientes, corresponde a las autoridades competentes y a la propia representación sindical revisar estas condiciones e implementar las medidas necesarias para fortalecer la protección del personal.
La seguridad laboral es una responsabilidad compartida. El Ayuntamiento tiene la obligación de proporcionar condiciones adecuadas de trabajo, capacitación, supervisión y equipo de protección; las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento de la normatividad; y la representación sindical debe ejercer una defensa activa de los derechos de los trabajadores, promoviendo condiciones laborales seguras y participando en la prevención de riesgos.
La muerte de un trabajador no debe convertirse únicamente en una estadística ni en un expediente administrativo. Debe ser el punto de partida para revisar a fondo las políticas de seguridad laboral, fortalecer las comisiones de seguridad e higiene, mejorar la capacitación del personal operativo y garantizar que quienes diariamente arriesgan su integridad para mantener en funcionamiento los servicios públicos cuenten con la protección que la ley y la dignidad humana les reconocen.
Solo mediante una revisión integral de las responsabilidades institucionales será posible prevenir que una tragedia de esta naturaleza vuelva a repetirse.
Falta de planeación administrativa, organización y metodologías en sistema municipal
La seguridad de los trabajadores exige coordinación institucional, a protección de quienes realizan labores operativas en la vía pública no puede recaer exclusivamente en el trabajador o en su jefe inmediato. Se trata de una responsabilidad institucional que requiere planeación, coordinación y prevención. Las jornadas de limpieza, poda de árboles, mantenimiento de áreas verdes, retiro de residuos, balizamiento, reparación de infraestructura urbana y demás trabajos que desarrolla el Ayuntamiento de San Andrés Cholula en calles y avenidas deben ejecutarse bajo protocolos integrales de seguridad que involucren a diversas dependencias municipales.
Hoy son responsables indirectos por saber de estos problemas y carencias institucionales ex secretarios como Joaquin Azcona, Francisco Osorio, jefes de área y directores. Resulta indispensable revisar si existieron mecanismos adecuados de coordinación entre la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Dirección de Tránsito Municipal y la Dirección de Protección Civil para garantizar la seguridad del personal durante este tipo de actividades.
En labores que se realizan sobre vialidades con circulación vehicular, la presencia de elementos de Tránsito para implementar cierres parciales, reducción de velocidad, desvíos temporales y señalización preventiva no debe considerarse un apoyo extraordinario, sino una medida básica de prevención.
De igual manera, la participación de Protección Civil es fundamental para evaluar riesgos, supervisar las condiciones de seguridad y verificar que se cumplan los protocolos establecidos antes, durante y después de cada intervención. La coordinación interinstitucional puede marcar la diferencia entre una jornada laboral segura y una tragedia.
La ausencia de una planeación conjunta incrementa los riesgos para los trabajadores y también para peatones y automovilistas. Este lamentable hecho debe motivar la revisión de los protocolos operativos del Ayuntamiento, con el propósito de establecer procedimientos obligatorios para los trabajos de alto riesgo en la vía pública. Ello implica definir responsabilidades claras, fortalecer la comunicación entre dependencias, garantizar la presencia de personal de apoyo cuando las condiciones lo requieran y dotar a las cuadrillas del equipo de protección y la señalización adecuada. La prevención no puede depender de decisiones improvisadas. Debe ser el resultado de una política pública permanente en la que Servicios Públicos, Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil actúen de manera coordinada para salvaguardar la integridad de quienes diariamente trabajan al servicio de la ciudadanía.
Cuando la coordinación institucional falla, el riesgo aumenta. Por ello, además del esclarecimiento de este caso, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de prevención y colaboración entre todas las áreas involucradas, colocando siempre la vida y la seguridad de las personas como la prioridad de cualquier administración pública.
"La seguridad laboral no depende únicamente de una dependencia, sino de la coordinación efectiva entre las áreas responsables de la operación, la seguridad vial y la protección civil".
El silencio institucional también exige respuestas
En momentos de tragedia, la ciudadanía espera que las instituciones no sólo actúen, sino que también den la cara.
Hasta ahora, no se conoce un posicionamiento público de los integrantes del Cabildo, del síndico municipal o de la Secretaría del Ayuntamiento respecto del fallecimiento de Gerardo Tomé Cuautli, de las condiciones en que ocurrió el accidente o de las acciones que emprenderá el gobierno municipal para esclarecer los hechos y fortalecer la seguridad de sus trabajadores.
El Cabildo no puede permanecer ajeno cuando está en juego la integridad del personal que diariamente presta servicios a la población. Las y los regidores, como representantes populares y responsables de vigilar el funcionamiento de la administración municipal, tienen la obligación de solicitar información, promover investigaciones, revisar los protocolos de seguridad y, en su caso, impulsar las medidas correctivas necesarias.
De igual forma, el síndico municipal, como responsable de la defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento y de la vigilancia de la legalidad de los actos de la administración, debe verificar que se esclarezcan los hechos y que se determinen, conforme a derecho, las responsabilidades administrativas, laborales o de cualquier otra naturaleza que pudieran derivarse de este lamentable acontecimiento.
Por su parte, la Secretaría del Ayuntamiento tiene un papel fundamental en la coordinación institucional y en el seguimiento de los acuerdos que, en su caso, adopte el Cabildo para atender un hecho de esta magnitud.
Más allá de las responsabilidades individuales que, en su momento, determinen las autoridades competentes, este caso demanda una respuesta institucional clara. El silencio no sustituye la rendición de cuentas. La ciudadanía y los propios trabajadores municipales tienen derecho a conocer qué medidas se adoptarán para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
Hoy no basta con expresar condolencias. Es momento de asumir responsabilidades, revisar protocolos, fortalecer la prevención de riesgos y demostrar, con acciones concretas, que la vida y la seguridad de los trabajadores constituyen una prioridad para el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, la presidenta Lupita Cuautle no esta sola, cuenta con el respaldo de la población y personal que no cumpla debe cesarse de su cargo y recaer en responsabilidad si realmente queremos cambiar el rumbo.
Hoy la familia de Gerardo únicamente pide lo más elemental: poder despedirse de él.
No solicita privilegios ni trato especial.
Exige humanidad.
Exige eficiencia.
Exige respeto.
Y esas son precisamente las obligaciones que cualquier gobierno debe garantizar.
y que ningún aspirante o actor político busque sacar raja del dolor del pueblo sanandreseño y de los amigos.
Más allá del parentesco que pudiera existir entre la víctima y la presidenta municipal de San Andrés Cholula, este caso representa el drama que viven muchas familias poblanas cuando se enfrentan a un sistema burocrático que parece olvidar que detrás de cada expediente existe una historia de vida y una familia destrozada, que no busquen confrontar, en San Andrés Cholula todos somos familia y todos por historicidad prehispánica, la región siempre ha sido familia.
Las autoridades estatales tienen la responsabilidad de explicar públicamente las razones de esta demora y, sobre todo, de emprender una revisión profunda del funcionamiento del Servicio Médico Forense y de los procesos ministeriales que retrasan la entrega de cuerpos.
Porque la justicia también se mide por la capacidad del Estado para tratar con dignidad a quienes ya no pueden defenderse y a quienes permanecen esperando una respuesta.
La infraestructura puede esperar.
La dignidad de las familias, no.
