Un llamado a la prudencia, a la mesura y a la verdadera gobernabilidad institucional

 Un llamado a la prudencia, a la mesura y a la verdadera gobernabilidad institucional

A los funcionarios de gobierno, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y a la opinión pública.

Fernando Sandoval

Los acontecimientos recientes que han conmocionado a la opinión pública exigen de todos los actores políticos, sociales, mediáticos e institucionales una actuación responsable, alejada de intereses particulares y de cualquier intento por obtener ventajas a partir del dolor y la incertidumbre.

Hoy más que nunca, la prudencia y la mesura deben prevalecer sobre la confrontación. La gobernabilidad no se construye con descalificaciones ni con la politización de las tragedias, sino mediante el fortalecimiento de las instituciones, el respeto al Estado de Derecho y la búsqueda permanente de la paz social.

En este contexto, resulta importante reconocer la actuación institucional de los organismos defensores de los derechos humanos, cuya labor debe mantenerse dentro del marco de la legalidad, privilegiando la protección de las personas y la garantía de sus derechos fundamentales, alejados de presiones externas y de intereses ajenos a su naturaleza.

Asimismo, tanto el gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, como la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, podrían enviar un mensaje de unidad y responsabilidad pública, exhortando a sus equipos de trabajo y colaboradores a evitar cualquier expresión o acción que contribuya a la polarización o a la utilización política de los lamentables hechos que han generado preocupación entre la ciudadanía.

Las declaraciones y señalamientos surgidos en torno al caso de Ariana, relacionados con temas de inseguridad y presuntos vínculos con actividades delictivas, deben ser atendidos exclusivamente por las autoridades competentes y mediante investigaciones serias, imparciales y apegadas a derecho. La verdad no puede construirse desde la especulación ni desde intereses políticos o mediáticos.

En esta misma circunstancia, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad social. La imparcialidad, el contraste de la información y el apego a la ética periodística deben ser principios irrenunciables en la cobertura de hechos sensibles. La labor informativa debe ejercerse en favor del derecho de las audiencias a recibir contenidos veraces, equilibrados y responsables, en concordancia con los principios que promueve la Defensoría de las Audiencias, evitando el sensacionalismo, las condenas anticipadas y la difusión de versiones que puedan profundizar la polarización social.

De igual manera, resulta pertinente hacer un respetuoso llamado a las y los diputados locales y federales para que eviten utilizar estos acontecimientos como plataformas de promoción personal o de protagonismo político. La representación popular exige altura de miras, profesionalismo y compromiso con las causas que verdaderamente afectan a la sociedad poblana.

La ciudadanía espera de sus legisladores propuestas, trabajo y resultados, no discursos oportunistas ni intentos por sobresalir en medio de la adversidad. La función pública demanda servir a todas y todos los poblanos, sin distingos partidistas y con un profundo sentido de responsabilidad.

La verdadera gobernabilidad implica escuchar, dialogar y actuar con prudencia, entendiendo que por encima de las diferencias políticas se encuentra el bienestar de la sociedad.

Es tiempo de privilegiar la unidad, de fortalecer las instituciones y de recordar que la paz social y la confianza ciudadana se construyen con hechos, no con confrontaciones. Puebla y sus municipios requieren altura de miras, sensibilidad y un compromiso genuino con el interés colectivo.

Porque en tiempos de incertidumbre, la prudencia es una virtud; la mesura, una obligación; y la gobernabilidad institucional, una responsabilidad compartida.