Especial: análisis.

 

OPINIÓN | PUEBLA

Puebla: el gobierno que decidió confrontar a su propio electorado

Por Redacción

La política tiene reglas no escritas que, cuando se ignoran, terminan por cobrarse en las urnas. Una de ellas es simple: nunca confrontes a quienes te dieron el poder. En Puebla, esa regla parece haber sido deliberadamente desechada.

El gobierno estatal ha optado por una narrativa que, lejos de construir, divide. Lejos de reconciliar, confronta. Y lo más grave: no confronta a sus adversarios, sino a sectores de la propia ciudadanía.

La historia política demuestra que ese camino no conduce a la consolidación del poder, sino a su desgaste acelerado.

La insistencia en discursos reciclados ha dejado de ser efectiva. Hoy, esas frases no movilizan: cansan.

La ciudadanía no exige narrativas, exige resultados.

En la región cholulteca, la utilización de programas sociales ha comenzado a generar inquietud.

Cuando la ayuda social se cruza con la estrategia electoral, la línea se rompe.

La política convertida en espectáculo no resuelve los problemas reales.

El error estratégico radica en confundir movilización con respaldo.

El costo inevitable: votos.

Puebla no necesita más discursos. Necesita gobierno.

En política, todo se cobra. Y no hay factura más cara que la que se paga en las urnas.

 

Puebla: el costo de confrontar al electorado y la peligrosa normalización de la política simulada

 

Fernando Sandoval

Analista Egresado de la UNAM

 

 

 

 

 

El reiterado y desgastado discurso de la crítica sin propuesta no solo ha perdido eficacia, sino que se ha vuelto contraproducente, incluso en términos electorales. En un contexto donde la ciudadanía exige resultados tangibles, insistir en narrativas negativas —como “acabar con los moches” o “terminar con las milpas”— sin acompañarlas de soluciones concretas, revela una estrategia limitada y anclada en el pasado.

 

Más aún, resulta contradictorio que se utilicen como bandera obras o proyectos que en su momento fueron señalados, pero que hoy ni siquiera cuentan con autorización formal, ni han sido ejecutados por quienes ahora los promueven. Este tipo de incongruencias no fortalece el debate público; por el contrario, erosiona la credibilidad institucional y política.

 

En el caso del gobierno estatal, se percibe una tendencia preocupante hacia la construcción de discursos polarizantes. Si bien los programas comunitarios impulsados parten de un objetivo loable —atender necesidades sociales y fomentar la participación ciudadana—, su implementación se ve debilitada por las formas y los actores que los operan. La metodología, lejos de consolidar cohesión social, corre el riesgo de fragmentarla.

 

A esto se suma la persistencia de figuras políticas que, sin haber demostrado resultados claros ni conexión auténtica con la ciudadanía, continúan en una lógica de promoción personal: buscar reelegirse, postularse o autoproponerse. Esta dinámica no responde a una vocación de servicio, sino a una estrategia de permanencia en el poder.

 

Preocupa también la instrumentalización de la población mediante prácticas que rozan lo simbólico y lo condicionado: solicitudes de fotografías con gestos específicos, participación dirigida o representaciones forzadas que buscan construir una narrativa favorable. Estas acciones, lejos de empoderar a la ciudadanía, pueden interpretarse como mecanismos de control político, orientados a justificar la gestión de recursos bajo una lógica clientelar.

 

El verdadero reto no está en organizar a la población, sino en representarla con autenticidad. No se trata de movilizar para un fin político, sino de escuchar, atender y resolver. Sin empatía, sin resultados y sin propuestas claras, cualquier discurso —por más repetido que sea— está destinado a perder legitimidad.

 

 

En política, hay errores que se pagan en el corto plazo y otros que se acumulan silenciosamente hasta convertirse en derrotas inevitables. Confrontar a quienes otorgaron el voto es, sin duda, uno de los más costosos. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta parece transitar por esa ruta, en la que el discurso polarizante sustituye al ejercicio de conciliación que exige el mandato democrático.

 

La lógica del poder no debería ser la confrontación permanente, sino la construcción de gobernabilidad. Como advertía Max Weber, “la política es la lenta perforación de duras tablas con pasión y mesura al mismo tiempo”. Esa mesura hoy parece ausente en un entorno donde la narrativa pública privilegia el antagonismo sobre la solución.

 

El desgaste de la narrativa y la pérdida de legitimidad

 

El problema no es únicamente de forma, sino de fondo. Cuando el discurso político se reduce a la crítica reiterativa sin propuesta, se vacía de contenido y pierde eficacia. La insistencia en frases recicladas —“acabar con los moches”, “terminar con las prácticas del pasado”— sin acompañarlas de resultados tangibles, genera un efecto inverso: cansancio social.

 

La ciudadanía ya no responde a consignas, sino a evidencias. Y en ese vacío, la percepción pública se vuelve determinante. En el ámbito nacional e internacional, los señalamientos —aunque se enmarquen en el terreno de lo “presunto”— hacia figuras como el ex presidente Andrés Manuel López Obrador por posibles vínculos con estructuras del crimen organizado, han contribuido a erosionar la narrativa moral que durante años sostuvo a un proyecto político.

 

No se trata de validar acusaciones, sino de entender su impacto. Como bien señala Hannah Arendt, “el poder corresponde a la capacidad humana no solo de actuar, sino de actuar concertadamente”. Cuando esa acción colectiva se fractura por la desconfianza, el poder pierde su base más importante: la legitimidad.

 

La región cholulteca: organización social o ingeniería electoral

En la región cholulteca, el fenómeno adquiere matices particularmente delicados. La operación de estructuras vinculadas a programas sociales, bajo el argumento del bienestar comunitario, ha comenzado a generar dudas legítimas.

 

La participación de actores como Raymundo Cuautli en la integración de comités comunitarios abre una discusión necesaria: ¿se está fortaleciendo el tejido social o se está configurando una base de operación política con miras a procesos electorales futuros?

 

Organizar, sectorizar y conocer el mapa social no es, en sí mismo, cuestionable. Es parte de cualquier política pública eficaz. Sin embargo, cuando estas prácticas coinciden con dinámicas de movilización política, la sospecha emerge de manera inevitable. Más aún cuando se percibe que la “buena fe” ciudadana es utilizada como mecanismo de control o de alineación.

 

Como lo advertía Pierre Bourdieu, “el poder simbólico es un poder invisible que solo puede ejercerse con la complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren”. En ese sentido, la delgada línea entre participación social y manipulación política no debe ser ignorada.

 

La política convertida en espectáculo

El deterioro se profundiza cuando los actores políticos encargados de representar a la ciudadanía no cumplen con su función sustantiva. Diputados señalados por ausentismo o baja productividad legislativa encuentran en las redes sociales un refugio mediático, sustituyendo el trabajo institucional por la exposición digital.

 

La política, reducida a una lógica de espectáculo —una suerte de farándula “tiktokera”—, no solo banaliza el ejercicio público, sino que ofende a una ciudadanía que enfrenta problemas reales: inseguridad, desigualdad, falta de servicios y oportunidades.

 

En palabras de Giovanni Sartori, “la democracia se debilita cuando la política se convierte en espectáculo”. Y Puebla no es la excepción. La distancia entre representantes y representados se amplía cuando la agenda pública se sustituye por la agenda digital.

 

El riesgo electoral: del respaldo al castigo

El mayor riesgo para el gobierno estatal no es la crítica externa, sino el desgaste interno. La pérdida de empatía con la ciudadanía que otorgó el voto puede traducirse, inevitablemente, en un voto de castigo.

 

La historia política es clara: los gobiernos que se alejan de la gente, que priorizan la simulación sobre los resultados y que confunden movilización con representación, terminan pagando el precio en las urnas.

 

Porque el voto no es un cheque en blanco. Es un mandato condicionado a resultados, a congruencia y, sobre todo, a respeto.

 

Entre la simulación y la realidad

Puebla enfrenta un momento definitorio. No basta con organizar a la población; es necesario representarla con autenticidad. No basta con construir estructuras; se requiere construir confianza.

 

La política no puede seguir operando bajo la lógica de la simulación ni del control disfrazado de participación. La ciudadanía ha evolucionado, y con ella, sus expectativas.

 

El mensaje es claro: sin resultados, sin empatía y sin congruencia, cualquier proyecto político —por sólido que parezca— corre el riesgo de desmoronarse.

 

Porque al final, como bien lo entendía Abraham Lincoln, “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” no admite simulaciones. Y cuando estas se vuelven evidentes, el juicio ciudadano suele ser implacable.

 

¿Hasta Cuando?