La torpe iniciativa de castigar a la sociedad por las incipientes políticas públicas del Propio Estado.
¿La Propuesta de sancionar desapariciones solo representa raja política de quien no tiene trabajo legislativo?
Fernando Sandoval
En un país marcado por la crisis económica, la violencia cotidiana, el desempleo y la precariedad educativa, resulta preocupante que desde el Congreso se plantee castigar a quienes “se esconden” o se ausentan, y que como consecuencia provocan la movilización de familiares y ciudadanos que, en la desesperación, cierran avenidas o mueven estructuras para intentar localizarlos.
La propuesta, lejos de atender el fondo del problema, criminaliza el dolor, la angustia y la reacción social, sin detenerse a analizar la vida psicológica, emocional y social de los involucrados. ¿Quién decide esconderse o desaparecer por gusto en un contexto donde el miedo, la presión económica, la violencia intrafamiliar, las adicciones o la depresión son realidades invisibilizadas? Penalizar estas conductas es ignorar deliberadamente las causas estructurales.
Los legisladores parecen olvidar que no toda ausencia es un acto doloso, y que detrás de cada cierre de vialidad hay padres, madres, hermanos y amigos que actúan desde la desesperación ante la omisión o lentitud de las autoridades. Castigar estas expresiones sociales equivale a responsabilizar a las víctimas por la incapacidad del Estado para prevenir, atender y resolver.
Más aún, en un país donde miles de personas desaparecen sin dejar rastro y donde las instituciones de búsqueda están rebasadas, el mensaje es peligroso: se sanciona al ciudadano que protesta, pero no se corrige la falta de protocolos eficaces, atención psicológica, acompañamiento social ni políticas públicas de prevención.
Legislar desde el escritorio, sin perspectiva humana ni social, profundiza la fractura entre gobierno y ciudadanía. En lugar de castigos, se requiere inversión en salud mental, empleo, educación, seguridad comunitaria y mecanismos de atención inmediata. La ley no puede ser un garrote contra la desesperación, sino una herramienta para reconstruir el tejido social.
Porque en un país herido, castigar el grito de auxilio no es justicia; es indiferencia institucional.
Peor, que una Diputada local de MORENA pretenda sacar raja política cuando ha estado en el ojo del huracán y no sea un ejemplo aseguir, la sociedad misma le aplaude pero también se le señala por no cumplir en el congreso local y generar verdaderas iniciativas de ley, hoy pretende señalar y que se castie a una mujer, que por sororidad y La resiliencia es la capacidad humana para adaptarse positivamente, recuperarse y salir fortalecido de situaciones adversas, traumas, tragedias o estrés significativo. No implica evitar el dolor, sino gestionarlo, reestructurando recursos psicológicos para crecer a pesar de la dificultad. Es una habilidad desarrollable, no un rasgo innato. Pésima posición ante una sociedad que esta polarizada y violentada por los sistemas mismos faltos de actuar y de sensibilización.
La propuesta de algunos diputados para castigar a personas que se ausentan, se esconden o generan movilización social durante su búsqueda no solo es insensible: es profundamente autoritaria y desconectada de la realidad social del país. En un México atravesado por la violencia, la crisis económica, el desempleo y el colapso del tejido social, pretender legislar desde la lógica del castigo revela una alarmante pobreza de análisis.
Lejos de atender las causas, se opta por criminalizar las consecuencias. Familias desesperadas que cierran avenidas, ciudadanos que mueven estructuras o presionan públicamente lo hacen porque el Estado ha fallado. “Cuando la gente bloquea calles no está cometiendo un delito, está expresando la ruptura de la confianza en las instituciones”, advierte la socióloga Marcela Lagarde, especialista en violencia estructural y derechos humanos.
La iniciativa ignora por completo la dimensión psicológica de las ausencias. De acuerdo con el psiquiatra Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, “la depresión, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático y las crisis económicas extremas pueden llevar a conductas de aislamiento, huida o desconexión total del entorno”. Castigar estas conductas es castigar la enfermedad social, no prevenirla.
Más grave aún es el mensaje político: el Estado se deslinda de su responsabilidad y traslada la culpa a las víctimas y a sus familias. Para el especialista en políticas públicas Edgardo Buscaglia, “cuando el gobierno responde con sanciones a la protesta social, está admitiendo implícitamente su incapacidad para garantizar seguridad, justicia y atención oportuna”. En otras palabras, se gobierna desde el miedo a la protesta, no desde la solución del problema.
En un país con más de cien mil personas desaparecidas, donde los protocolos de búsqueda son lentos, desarticulados y, muchas veces, inexistentes, resulta cínico plantear sanciones contra quienes exigen resultados. No hay castigos para la negligencia institucional, pero sí para el ciudadano desesperado. No hay consecuencias para la omisión gubernamental, pero sí para el dolor social que incomoda.
La psicóloga social Rossana Reguillo ha sido clara: “La protesta no es el problema; el problema es el vacío del Estado que obliga a la sociedad a ocupar las calles para ser escuchada”. Penalizar estas expresiones no restablece el orden; profundiza la ruptura democrática.
Legislar sin perspectiva social, psicológica y de derechos humanos no es firmeza: es torpeza política. Endurecer las leyes contra la desesperación ciudadana no traerá paz ni orden, solo más desconfianza, más enojo y más distancia entre el poder y la población.
Porque cuando un Congreso decide castigar el grito de auxilio, no legisla para la justicia, legisla para silenciar la realidad.
La iniciativa para castigar a quienes se ausentan o “se esconden” y a las familias que, en la desesperación, cierran calles para buscarlos, no surge del análisis social ni de la empatía institucional. Surge de una visión punitiva, clasista y profundamente desconectada de la realidad, impulsada desde curules que parecen más preocupadas por el control social que por la justicia.
Particularmente grave resulta que esta narrativa sea empujada desde bancadas que presumen una supuesta defensa de los valores familiares, pero que en los hechos carecen de autoridad moral para erigirse como jueces de la vida emocional, psicológica y social de la ciudadanía. El caso de la diputada Nayeli Salvatori es emblemático: no es referente social de integridad, prudencia ni valores familiares, y aun así pretende legislar sobre el dolor ajeno.
La política pública no se construye desde el espectáculo, la ocurrencia ni el moralismo selectivo. “Legislar desde la superioridad moral sin coherencia personal ni compromiso social real es una forma de violencia institucional”, advierte la socióloga Marcela Lagarde, quien ha señalado que los discursos punitivos suelen esconder incapacidad para comprender la complejidad del tejido social.
Castigar la ausencia, el extravío o el aislamiento en un país roto por la violencia y la precariedad es criminalizar la crisis emocional de una sociedad exhausta. El psiquiatra Juan Ramón de la Fuente ha sido claro: “Las conductas de huida, desconexión o desaparición voluntaria están asociadas a cuadros de ansiedad severa, depresión, miedo extremo o colapso económico”. Ignorar esto y responder con sanciones es negar la ciencia y negar la realidad.
Pero el fondo es político: cuando un Congreso propone castigar la protesta y la desesperación, lo que realmente busca es silenciar el fracaso del Estado. El especialista en políticas públicas Edgardo Buscaglia lo resume así: “El castigo a la movilización social es una estrategia clásica de gobiernos débiles que no saben, no pueden o no quieren resolver los problemas estructurales”.
Resulta ofensivo que se pretenda sancionar a familias que cierran calles mientras no se castiga la negligencia de autoridades que tardan horas o días en activar protocolos, que carecen de atención psicológica inmediata y que abandonan a las víctimas en el laberinto burocrático. La ley se endurece contra el ciudadano, pero se suaviza frente al poder.
Más aún, que una diputada con historial de confrontación pública, escándalo mediático y ligereza discursiva pretenda convertirse en árbitro de la moral social es una contradicción que raya en el cinismo político. Los valores familiares no se declaman desde el micrófono: se sostienen con congruencia, sensibilidad y responsabilidad pública, virtudes ausentes en este planteamiento.
Como advierte la psicóloga social Rossana Reguillo, “la protesta surge cuando el Estado se ausenta; penalizarla es intentar borrar el síntoma sin curar la enfermedad”. Hoy, esa enfermedad es un sistema que prefiere castigar al que grita que corregir al que falla.
Este Congreso no está legislando para proteger a las familias: está legislando para protegerse de ellas. Y cuando el poder castiga la desesperación ciudadana, deja de representar al pueblo y empieza a temerle.
Porque no se puede hablar de valores familiares mientras se desprecia el dolor de las familias reales.
Hay diputados que no son ejemplo, ni representan los valores de un seno familiar.
¡Ya basta!
